La política de fronteras de la Unión Europea desde la perspectiva del Derecho internacional de los derechos humanos

La Unión Europea, como sujeto de Derecho internacional y organización internacional formada por Estados, está sometida al Derecho internacional general que le sea aplicable y también ha de respetar el Derecho internacional convencional firmado por ella y por todos sus Estados miembros. Además, sus instituciones y políticas, como comunidad de Derecho que es, deben respetar el Derecho originario (entre el que se incluye la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Ciertamente, los Estados conservan el derecho a decidir quién puede entrar de manera legal en su territorio como expresión de su soberanía. Sin embargo, ello no significa que no exista normativa internacional que los Estados deban respetar en materia migratoria. Por un lado, existe un núcleo de derechos humanos que los Estados deben respetar respecto de todas las personas que llegan a su territorio con independencia de su situación jurídica. Por otro lado, el Derecho internacional ha ido identificando situaciones que merecen un trato especial. Entre ellas destaca el Derecho internacional de los refugiados. Junto a ello, encontramos otros grupos de personas que a la vulnerabilidad de la propia condición de migrante suman otras condiciones que agravan su posición, como los menores de edad (acompañados o no), los discapacitados o las víctimas de trata.

La Unión Europea tiene diseñada una política de migraciones centrada en fijar cupos de entrada de migrantes legales con determinadas características, y en la lucha contra la migración ilegal, con un énfasis fundamental en los procesos de retorno. En el ámbito de la política de asilo, tiene diseñado un sistema de protección internacional más amplio que el de la Convención de Ginebra, y en muchas de sus normas se contemplan procesos de protección de los más vulnerables como los menores de edad. Sin embargo, en la gestión concreta de las fronteras (terrestres, marítimas o externalizadas), el énfasis por frenar la migración irregular y la priorización de la seguridad (en una concepción de la migración como fuente de inseguridad), está afectando no solo los estándares mínimos de derechos humanos de los que todos somos titulares, sino también al derecho de no devolución y a una evaluación individual de las solicitudes de asilo con las garantías adecuadas.

El objetivo de este trabajo es contrastar las obligaciones en materia de derechos humanos que la Unión Europea ha de respetar con la práctica de gestión de fronteras marítimas y terrestres, y lo que se ha denominado externalización de fronteras con los acuerdos firmados por la Unión con los países de origen o de tránsito hacia Europa para impedir la llegada de los migrantes a territorio europeo. A la vista de la información proporcionada por la prensa, organizaciones no gubernamentales y órganos institucionales parece que la gestión de las fronteras de la Unión Europea adolece de un cuidado mucho mayor de respeto del Derecho internacional y europeo de derechos humanos.

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